I. LA UNIVERSIDAD Y SU RELACIONAMIENTO CON LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

Valoración general de la situación y realizaciones

El relacionamiento con la sociedad no es una tarea más de la Universidad sino parte de su razón de ser como institución, de su historia, tradiciones y fines establecidos en el artículo 2° de la Ley Orgánica, especialmente en lo referido a: "(...) acrecentar, difundir y defender la cultura" y "(...) contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno".
La situación del país en los últimos años se ha caracterizado por una fuerte baja en el nivel de actividad, el incremento del desequilibrio de la balanza comercial, el sostenido crecimiento del déficit fiscal, el aumento del desempleo y la reducción del ingreso familiar, todo lo cual ha tenido devastadores efectos sociales que se expresan, entre otros aspectos, en mayores niveles de segmentación y de exclusión social. Esta situación se explica al menos por dos tipos de causas: una de ellas, la aplicación de un modelo económico inadecuado basado en la hegemonía del mercado, la apertura externa indiscriminada y el predominio del capital financiero; la segunda, una incompetente conducción económica que amplificó, a través de políticas contractivas, los efectos de shocks externos negativos. Ello obliga a redefinir la instrumentación de estrategias, objetivos y programas de la Universidad, planteados en otro contexto nacional y regional.
Las opiniones de la Universidad deben cumplir una función crítica y progresista que colabore en la visualización y solución de los grandes temas nacionales, así como la defensa irrestricta de la educación superior como servicio público y no como una mercancía. En ese marco, el conocimiento universitario debe proyectar en mayor medida el perfil social y humanístico de sus estudios. Asimismo, constatamos una disminución del papel protagónico y perfil crítico de la institución universitaria ante situaciones de injusticia social que se han venido acumulando en el país en los últimos años, y que desembocan en la grave situación actual, así como en la polémica fundada de aquellas voluntades políticas de corte elitista y privatizador en materia de enseñanza superior.
El cumplimiento concreto de las funciones sociales de la Universidad en materia de enseñanza, investigación y extensión se procesa en la actualidad a través de distintos ámbitos y programas interrelacionadas, que tienden a atender las demandas crecientes del alumnado universitario.
El crecimiento de oferta de cursos en el interior del país, que amplía la presencia social y académica de la Universidad en el medio, ha sido un proceso desordenado que merece una evaluación profunda y una discusión sobre la calidad de las ofertas. En ese proceso, se debe contemplar las posiciones de los órdenes en el diseño de los objetivos generales a cumplir.
En materia de extensión, se señala que el dictado de los cursos en el interior del país no constituye una tarea de extensión sino una labor básica de enseñanza que debe ser encarada y evaluada con los mismos criterios y exigencias de cada servicio universitario. Asimismo, debe tenderse a integrar las tareas de extensión con las de investigación.
La importancia del Hospital de Clínicas como hospital universitario al servicio de la comunidad, se acrecienta ante la actual crisis del sistema mutual y las graves carencias en Salud Pública. Otro tanto puede decirse de la labor social que cumplen los consultorios universitarios de asesoramiento y atención gratuita a la población que existen en distintas Facultades, así como las labores de bienestar estudiantil.
La creación de la Comisión Social Consultiva constituye un instrumento adecuado a las líneas estratégicas definidas para el relacionamiento de la Universidad con distintos sectores sociales, aunque la misma no ha generado aún los logros esperados. En esa dirección, si bien se definió un diálogo con diversos actores, el énfasis puesto en la interlocución con representantes empresariales y políticos debe reorientarse en la actualidad hacia un relacionamiento que privilegie los actores sociales y de trabajadores, atendiendo no sólo a sus demandas sino a los planteos alternativos generados en distintos ámbitos sociales representativos.
El relacionamiento con organismos públicos y poderes del Estado se ha ampliado, aunque tales acercamientos no siempre han redundado en beneficio de los objetivos planteados por la Universidad, ni en lo que hace a los reclamos presupuestales, ni en lo referido al Art. 2º de la Ley Orgánica.

Lineamientos generales de ADUR sobre la Universidad y su relacionamiento con el medio social y político

Reafirmar las funciones integrales de la Universidad definidas en su Ley Orgánica, y comprometer la opinión de la Universidad como institución en los grandes temas del país y la sociedad uruguaya.
Elevar el protagonismo de la Universidad y el carácter crítico de los universitarios a través de los saberes científicos, técnicos, artísticos, sociales y humanísticos, con propuestas alternativas ante la grave crisis por la que atraviesa el Uruguay y la región.
Adoptar un perfil público acorde a la crítica situación del país, que paute el relacionamiento concreto de la institución universitaria con las autoridades de gobierno buscando, entre otros aspectos, la implementación de medidas para reducir los niveles de segmentación y exclusión social.
Establecer una interlocución jerarquizada con aquellos sectores sociales más afectados por la grave situación del país.
Redefinir la implementación de las líneas estratégicas y objetivos generales de la Universidad, adecuándolos a la situación del país y a los recursos presupuestales asignados.

Propuestas específicas

Adoptar un posicionamiento claro respecto a la reforma educativa en curso (ANEP), y replantear la forma de trabajo de la Universidad en la Comisión Consultiva Terciaria Privada.
Combinar las directivas planteadas para la desconcentración geográfica y locativa de la Universidad en el interior del país, con la descentralización de los procesos ejecutivos. Asegurar la participación de los órdenes en las gestiones que la institución realiza con el poder público.
Informar a la opinión pública sobre los atrasos del gobierno en la ejecución del presupuesto asignado a la Universidad, y otras reivindicaciones tales como el abastecimiento de los comedores universitarios.
Redefinir los objetivos de la extensión universitaria y las formas de gestión de la CSEAM, con el fin de realizar una inserción integral y multidisciplinaria en el medio, impulsando y potenciando así el desarrollo de organizaciones comunitarias y de redes sociales.
Revisar las formas de trabajo y la mayor proyección pública de la Comisión Social Consultiva, y propender a una mayor proyección pública de su gestión.
Planificar acciones que apuntes a un mayor desarrollo de Bienestar Estudiantil.
Contribuir sustancialmente al desarrollo de un sistema terciario de educación pública, diversificado en su contenido y en su localización geográfica.

II. COGOBIERNO Y PARTICIPACION

Valoración general de la situación y realizaciones

Se parte de la constatación en los últimos tiempos de un descenso de los niveles de participación de los docentes en las instancias gremiales y de cogobierno universitarios.
En la explicación de dicha situación se combinan distintas circunstancias y argumentos que tienen que ver con cambios generales experimentados por la sociedad uruguaya en los últimos años (fragmentación de la comunidad, debilitamiento de los proyectos colectivos y búsqueda de salidas individuales; decaecimiento de la capacidad de convocatoria, movilización y propuesta de ámbitos reivindicativos tradicionales; etc.).
A nivel universitario, entre otros cambios específicos que inciden en la participación docente en las tareas de cogobierno, pueden mencionarse:

• los bajos niveles de remuneración en amplios sectores y el multiempleo docente, que disminuyen las posibilidades de compromiso personal con la institución y el tiempo disponible individualmente para la participación, a la vez que refuerzan las tendencias a la delegación de funciones;
• el incremento de las tareas asignadas a los docentes en ámbitos directa o indirectamente relacionados con sus funciones, aspecto éste que también dificulta la disponibilidad de tiempo para la realización de tareas de cogobierno;
• la superposición entre ámbitos tradicionales del cogobierno (consejos, claustros) y las nuevas instancias organizativas cogobernadas (áreas, comisiones centrales), así como el desfasaje de criterios y atribuciones de estas últimas;
• la complejidad, tecnificación y centralización de la gestión universitaria, no siempre acompañada por una eficiente circulación de la información, que facilite la toma de decisiones a nivel de servicios y de gremios;
• el desigual desarrollo de los Servicios, que dificulta la participación en la elaboración de proyectos globales que contemplen las distintas situaciones y ámbitos;
• las dinámicas resolutivas de los aparatos centrales, no siempre acompasadas por el ritmo de las lógicas discutidoras, participativas y de negociación propias de los organismos de cogobierno y gremiales;
• las transformaciones producidas al interior de los distintos órdenes, que modifican sus intereses y capacidad de iniciativa; las formas organizativas que aseguran el relacionamiento entre los mismos y la incidencia real de sus opiniones dentro de los procedimientos, ritmos y toma de decisiones institucionales.

Lineamientos generales de ADUR sobre cogobierno y participación docente

Reafirmar la legitimidad y vigencia del principio de cogobierno como principio rector de la democracia universitaria, definidor de nuestra identidad comprometida históricamente con los destinos del país y la sociedad uruguaya;
Promover activamente el principio de cogobierno, los mecanismos y formas en que se organiza su ejercicio real en todos los ámbitos académicos, políticos y de gestión de la Universidad de la República;
Adecuar el principio de cogobierno a los actuales requerimientos y corregir las insuficiencias de su aplicación detectadas en las instancias organizativas tradicionales; acompasar su eficacia y ejercicio real a las nuevas estructuras institucionales creadas por la Universidad; Equilibrar las decisiones centrales con la dinámica de funcionamiento de los organismos gremiales y de cogobierno a distintos niveles;
Balancear las tendencias centralizadoras y estrategias institucionales globales con una política de descentralización de ámbitos de decisión y delegación de funciones que posibilite la participación, opinión y reclamos de los docentes y servicios directamente involucrados;
Reivindicar una mayor transparencia en el manejo de la información, su actualización en tiempo real y una presentación de la misma en forma tal que permita una toma de decisión responsable, colectiva y democrática;
Sostener el valor ético superior del principio de cogobierno universitario en la orientación de la conducta de los universitarios, y para la resolución de distintas situaciones que impliquen conflictos entre intereses públicos y privados;

Propuestas específicas

Establecer que el Consejo Ejecutivo Delegado sólo tendrá atribuciones sobre los asuntos de trámite. Los asuntos políticos y de interpretación de la Ordenanza y reglamentación son de exclusiva competencia del Consejo Directivo Central;
Proceder a una evaluación de la experiencia transcurrida y fortalecer la aplicación del principio de cogobierno en la integración y funcionamiento de las Áreas y Comisiones centrales, asegurando la calificación de los delegados para el tratamiento de los asuntos específicos, y aumentando el peso de los órdenes en las decisiones de las mismas;
Exigir medidas que apunten a un mejoramiento de la condición laboral de los docentes (aumento de la remuneración salarial y cargas horarias) en tanto constituyen condiciones materiales necesarias para propiciar la mayor participación práctica, compromiso e involucramiento institucional de los mismos;
Resolver el apoyo técnico y la capacitación requerida para el ejercicio eficiente de las tareas de cogobierno;
Estudiar las condiciones de trabajo que contribuyen al mejor desempeño de las tareas de cogobierno y gremiales así como una mayor ponderación de estas actividades al momento de considerar los méritos docentes;
Hacer conocer los temas y propuestas a tratar en tiempos oportunos para su tratamiento; asegurar técnicamente por parte de la Administración a quienes ejercen funciones de cogobierno en distintos ámbitos y niveles;
Analizar la posibilidad de que los servicios no representados en el CDC pasen a integrarlo; Pronunciarse acerca de la eventual incompatibilidad entre el desempeño de cargos de cogobierno en la Universidad de la República y cargos docentes y/o jerárquicos en instituciones privadas de nivel terciario;
Revisar la reglamentación existente tendiendo a unificar los criterios de designación de los delegados del orden a las Áreas, reservando para ADUR capacidad de propuesta.

III. PLAN ESTRATEGICO de la UNIVERSIDAD de la REPUBLICA (PLEDUR)

Valoración general de la situación y realizaciones

La Universidad carece de un sistema de planeamiento estratégico de la institución que ordene su desarrollo y crecimiento general a largo plazo. Asimismo, poco se ha avanzado en la constitución del sistema nacional de enseñanza terciaria.
Se manifiestan coincidencias generales que resaltan el aspecto innovador del PLEDUR para el trámite presupuestario por programas y el incremento exigido del 4.5% del PBI para el quinquenio, así como la importancia ordenadora y planificadora del mismo para el desarrollo de la Universidad y de sus servicios ante las exigencias de la matrícula estudiantil en expansión.
Se coincide en señalar las limitaciones reales que encontró la implementación del PLEDUR ante los atrasos por parte del Gobierno en el otorgamiento de las partidas presupuestales asignadas y en su incremento progresivo, así como la necesidad de revisar en las actuales circunstancias la viabilidad de algunos programas del PLEDUR y la asignación de los recursos, priorizando aquellos de mayor impacto académico y social.
Se plantea como un logro positivo la organización de la Universidad por Áreas de Conocimiento. Se señala que la existencia de las Áreas plantea nuevos problemas al cogobierno y dificultades como la representación de las Áreas en las Comisiones Centrales; se hace hincapié en la necesidad de avanzar más sobre el actual nivel de coordinación alcanzado, resolviendo los problemas y metas comunes entre áreas y servicios afines, racionalizando los recursos humanos y la capacidad instalada. Por otra parte, el establecimiento de Redes Temáticas y Disciplinarias amerita una evaluación que apunte a mejorar su funcionamiento y estructura, ya que no son órganos de cogobierno ni estrictamente académicos.
Sobre la modernización de la gestión se señala que la complejidad de los asuntos universitarios y la multiplicación de ámbitos académicos, administrativos y de gestión ha implantado la necesidad de los organismos centrales y de coordinación general. Se critica una excesiva tendencia a la centralización de la información en los mismos, la imposición de tiempos acelerados de resolución y ejecución que desplazan el peso de las posiciones, ritmos y conocimiento para la toma de decisiones radicados en los organismos cogobernados y gremiales.
Los logros de la descentralización se han limitado al proceso de desconcentración geográfica, sin afectar aún la toma de decisiones centralizadas y la adecuación de la gestión y procedimientos a dicho objetivo. Se manifiestan posiciones críticas sobre el proceso de desarrollo de la Regional Norte y un estilo de crecimiento de la oferta universitaria que no responde a una planificación sino a demandas particulares del interior.
En materia de enseñanza e investigación, si bien el PLEDUR jerarquizó las labores de enseñanza con el correspondiente incremento presupuestal de la CSE para atender la demanda creciente del alumnado universitario, se señala la necesidad de revisar las asignaciones, relativas tanto a la ejecución presupuestaria, como al funcionamiento y sus resultados académicos; aún quedan muchos temas por resolver en materia de masificación del alumnado, en la evaluación y reforma de planes de estudio e innovación en la organización curricular de grado (reducción del tiempo de las carreras, flexibilidad, materias opcionales, acuerdos de reválidas entre servicios afines, etc.).
Asimismo, se manifiesta la preocupación por el debilitamiento presupuestal de la CSIC y de los fondos concursables para proyectos de iniciación e investigación y desarrollo, y se propone establecer una relación más equilibrada entre la investigación y las labores de enseñanza y extensión.
Se insiste en la necesidad de aumentar el número de docentes calificados que puedan acceder al régimen de dedicación total. En este supuesto, podría contemplarse aún más los porcentajes de adjudicación a la vez que atender en forma más equilibrada a aquellos servicios con escaso desarrollo de la investigación como forma de impulsar la misma.
Se considera un avance la implementación de los programas de posgrado y se constata la necesidad de impulsar este tipo de estudios con su financiamiento presupuestal correspondiente, así como los distintas ofertas en materia de educación permanente. Asimismo, se insiste en una mayor adjudicación de fondos para la profesionalización de la carrera docente.
Respecto al problema edilicio, se considera necesario abrir una discusión sobre el Plan de Obras de la Universidad y el seguimiento de las inversiones en materia de compras, construcciones y reformas.

Lineamientos generales de ADUR sobre el PLEDUR

Enfatizar la utilidad social y de servicio público de las labores docentes propias de la Universidad de la República, y el deber y derecho de la Universidad de la República, de opinar en forma crítica ante diversos problemas de la sociedad, en particular, ante los modelos de educación superior privatizados y estratificados que convierten al conocimiento en una mercancía.
Reivindicar el papel protagónico de la Universidad de la República en el control del sistema de educación terciario privado, en el que ahora tiene una participación mínima;
Señalar la necesidad de evaluar el PLEDUR en función de sus efectos sociales y en cumplimiento de los objetivos que marca la Ley Orgánica. En particular, correlacionar y jerarquizar en forma realista las metas a fijar por la Universidad con los recursos asignados, previa evaluación de los programas actualmente en ejecución, y procesando el trámite de la discusión y los nuevos acuerdos sobre la distribución presupuestal;
Mejorar la situación laboral de los docentes y contribuir a la profesionalización de la carrera docente a través de una redistribución del Presupuesto que posibilite el aumento salarial y de las cargas horarias básicas, así como un incremento del porcentaje de docentes en régimen de dedicación total;
Revisar la correlación entre las labores de enseñanza, extensión e investigación, y los presupuestos asignados a las Comisiones respectivas, buscando garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, con calidad y pertinencia.
Arbitrar un sistema de evaluación docente (renovaciones de dedicación total y cargos; proyectos concursables; etc.) que contemple las diversas características del conocimiento social y científico así como los desiguales desarrollos entre los distintos servicios. Todo ello deberá ser simultáneo a la aplicación de las Ordenanzas que definen uniformemente las obligaciones y calificaciones para ocupar cada cargo docente.

Propuestas específicas

Las autoridades deben promover una amplia discusión, en primer lugar interna, sobre la necesidad de un sistema nacional público de educación terciaria y superior, de calidad, y diversificado en su contenido, niveles y distribución geográfica;
Reglamentar la creación de un fondo de desempleo y su órgano administrativo correspondiente, para facilitar el necesario proceso de renovación del personal, sin afectar en forma desmedida las condiciones de vida de los docentes no renovados;
Proponer la discusión sobre el impuesto adicional al Fondo de Solidaridad y neutralizar la tributación regresiva sobre los sueldos docentes;
Establecer políticas explícitas que tiendan a uniformizar los niveles de calidad académica en todos los servicios de la Universidad de la República;
Discutir el Plan de Obras de la Universidad y la realización de una auditoría detallada sobre lo realizado y ejecutado;
Solicitar mayores recursos para Bienestar Universitario, en particular, Estudiantil.