Defender la laicidad
A medida que se acerca la fecha del Referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), comprobamos que los encargados de la campaña defensora de la LUC han centrado su estrategia en evitar la discusión. No se les puede reclamar falta de coherencia: si algo implicó la LUC fue la tramitación, sin discusión ni consulta, de reformas de leyes de enorme importancia para nuestra sociedad en materia de educación, seguridad pública, garantías individuales, economía, empresas públicas, colonización de la tierra, acceso a la vivienda y tantos otros temas. Temas relevantes con importantes efectos en la vida del país y las futuras generaciones, que requieren proyectos de ley específicos con mecanismos y plazos adecuados para su estudio, análisis, diálogo social, debate parlamentario y reformulación, fueron aprobados de la noche a la mañana en medio de una pandemia. Contra esa forma de restringir el debate democrático, es también este Referéndum.
En educación, la estrategia de evitar a toda costa la discusión se lleva adelante en nombre de la laicidad. Aunque parezca un contrasentido, a partir de una interpretación forzada del artículo 58 de la Constitución, se procura transformar a la laicidad en lo que no es: un instrumento de control político, censura y persecución de educadores, de claros tintes totalitarios.
La estrategia no es nueva. En la década de 1960 y 1970, los gobiernos autoritarios de nuestro país cambiaron el sentido original de la laicidad de las leyes del batllismo (laicidad como expresión de la secularización de la Iglesia y el Estado, y como marco positivo para una educación antidogmática), por un sentido negativo de la laicidad como neutralidad y abstención de abordar determinados temas, e instalaron la idea de que la laicidad era una suerte de objeto frágil bajo amenaza permanente de ser violentada por un enemigo difuso: los docentes adoctrinadores. Esta concepción de la laicidad tiene poco que ver con la educación y mucho que ver con el control social. Con esa idea de la laicidad la dictadura uruguaya persiguió educadores, y con esa misma concepción, en la actualidad, en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro hace lo mismo.
Hoy vemos con mucha preocupación un giro bolsonarista en la interpretación de la laicidad en Uruguay. Con alarma, comprobamos en nuestro país una ofensiva de actores gubernamentales, parlamentarios y políticos que abusan del principio de laicidad con objetivos de censura y control político. Así ha sucedido en el caso de profesoras/es de la ciudad de San José, sumariadas y castigados por participar de una campaña ciudadana (y no proselitista) de su sindicato. Así ha sucedido más recientemente, también en la ANEP, cuando se le abrió expediente a cuatro funcionarios de Primaria por entregar boletines sindicales que llamaban a votar por el Sí en el Referendum ciudadano (y no partidario) actual. Así como lo leen: en el país del presidente que dijo tres veces la palabra libertad, se censura un boletín sindical por su contenido. También pudimos experimentarlo en carne propia, recientemente, cuando el Intendente de Rocha, y coordinador de la campaña por el No, ejerció fuertes presiones para intentar suspender una actividad gremial de nuestra Asociación en una sede universitaria. Y hay más ejemplos, que nos arrojan evidencia incontestable de una difícil verdad que hiere la dignidad nacional: hoy en nuestro país existe persecución sindical en la educación; la libertad de cátedra está en entredicho; la posibilidad de expresarse y protestar debe sortear censuras previas y persecuciones posteriores, todo lo cual provoca un clima de miedo e inestabilidad que cada vez con más frecuencia lleva a la autocensura.
Todo esto ocurre en un contexto general en que las condiciones de información y discusión pública están también deterioradas. El debate público puede y debe ser algo más rico que la palabra amplificada y monocorde de comentaristas al paso, traducidos por tecleadores de enunciados de 280 caracteres que alimentan trolls omnívoros de cualquier cosa que no sea la búsqueda trabajosa, compleja y meditada de una evidencia, una idea de justicia o el acercamiento a una verdad. En el enredo nos enredamos en redes dispuestas por tal para cual, y cuando queremos acordar hasta en el lugar menos pensado se termina aceptando que el silencio es pluralidad. Tres tristes tigres buscan trigo en un pantanal.
Hay que decirlo de forma clara y precisa: el artículo 58 de nuestra Constitución bajo ningún concepto se puede utilizar para prohibir la libre expresión de los gremios en los más amplios temas, libertad que está garantizada por el artículo 57 de la misma Constitución. Llamamos a la reflexión sobre el peligro que conlleva ser, primero, espectadores de esta escalada represiva, para enseguida ser reproductores de interpretaciones y discursos que debemos cuestionar con argumentos y convicción democrática. El artículo 57 de la Constitución garantiza los derechos sindicales, de todas y todos los trabajadores. Si eso no alcanzara, en la misma Constitución (el artículo 29), en las convenciones internacionales suscritas por el país, y también en la concepción universal de los derechos humanos, se protege la libertad de expresión del pensamiento, sin cortapisas.
Llamamos la atención del conjunto de la sociedad sobre el alcance de lo que está en juego en la actual coyuntura. La defensa de la polis como espacio de construcción pública y democrática es una tarea de todas las personas que habitamos el pequeño espacio infinito de nuestra comunidad. Defendamos la laicidad de la concepción autoritaria que a fuerza de repetición mediática tiende a consolidarse como interpretación dominante. Laicidad implica antidogmatismo para abordar cualquier tema. Si lo que provoca es silencio, no se trata de laicidad, se trata de censura.
Comisión Ejecutiva
Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR)
25 de febrero de 2022