El Consejo Federal de ADUR, reunido el 19 de diciembre de 2022, analizando la situación de la educación del país y la llamada “transformación educativa” en curso en la ANEP, quiere compartir con la sociedad las siguientes consideraciones:
1. La educación de nuestro país tiene problemas en diferentes planos (en la cobertura, en la calidad, en los logros, en las transiciones, a nivel institucional, en la profesionalización docente, en la inversión presupuestal). Algunos de estos problemas surgen del proceso histórico de nuestro sistema educativo, otros están relacionados con las dinámicas de la sociedad actual. Al mismo tiempo, existen grandes problemas de nuestra sociedad, como la precarización general de la vida y la fragmentación y desigualdad social, que impactan fuertemente en el sistema educativo, y se hacen visibles allí. La situación de conjunto es compleja, y transformarla trasciende las posibilidades del sistema educativo, aunque necesite de él. En lo que hace a la educación, se requieren buenos diagnósticos, buenos planes, amplios acuerdos, organización y apoyos adecuados.
2. Sin embargo, vemos con preocupación que en lugar de los buenos diagnósticos, abundan las simplificaciones y los reduccionismos interesados. En vez de las políticas inter-institucionales, se fija la idea de que no hay nada que cambiar a nivel económico y social. En vez de los buenos planes prima la improvisación. En lugar de los amplios acuerdos sucede el autoritarismo tecnocrático (o el autoritarismo a secas). Y en vez de los apoyos adecuados hay en curso en todo el sistema educativo un ajuste presupuestal sin precedentes, que sólo en la ANEP ya alcanza los 120 millones de dólares, y en la Udelar llega a un 5% de su presupuesto global. La altanería de los discursos reformistas contrasta con esta dura realidad de desinversión sostenida. Mientras tanto, los usos político-electorales de los problemas de la educación minan las posibilidades de comprensión y acuerdos, lo cual se agrava con la eliminación o vaciamiento de espacios de participación, la exclusión de la perspectiva de los docentes, la limitación de los espacios de participación estudiantil y social, y la falta de puentes que conecten los conocimientos académicos con los profesionales y las instancias de toma de decisión. Mucho antes, la promocionada idea de la “crisis de la educación” había instalado una realidad según la cual todo era homogéneamente un desastre y los culpables eran los educadores, dejando el terreno preparado para el autoritarismo y las perspectivas privatizadoras.
3. En este marco se ubica la llamada “transformación educativa” en curso en la ANEP, iniciada luego de las modificaciones institucionales realizadas en la LUC, que hicieron aún más jerárquica, menos democrática y más burocrática a la institución. Más allá de la campaña de marketing que la rodea, “la transformación educativa” es una propuesta que elimina disciplinas, vacía o reduce contenidos y, por ende, le quita complejidad, densidad y nivel a la formación académica. Detrás de la reducción, sin fundamentos académicos, de algunos contenidos disciplinares, se encuentra un inocultable claro sesgo ideológico (como en el caso de la enseñanza de la historia reciente) que pone en cuestión el carácter fundado, plural y democrático del concepto de laicidad, tal como aparece en la actual Ley General de Educación. Detrás de esta reforma es posible rastrear una concepción educativa que desconoce las ricas tradiciones pedagógicas del Uruguay y se centra en un “sujeto” educativo que solo es visto como homo economicus de una supuesta adaptación al mercado promovida globalmente por organismos internacionales de crédito. Asimismo, lejos de colaborar con la pretendida profesionalización del rol docente, se precarizan las condiciones laborales y se contribuye al deterioro y desprestigio de la figura docente.
4. En el área de Formación en Educación, hay un conjunto de políticas que se vienen realizando que tienen efectos muy negativos. Como nuestra Asociación ha expresado en ocasiones anteriores, las transformaciones realizadas por la LUC primero, y luego decretos y orientaciones que profundizaron ese camino, han sustituido la planificación de política educativa de largo plazo basada en la institucionalidad educativa pública del país, por una tendencia hacia la competencia de prestadores públicos y privados gestionada desde el MEC, lo cual tendrá como consecuencia: una mayor privatización y fragmentación del sistema, una situación caótica en el área, y una pérdida de soberanía y de garantías académicas nada menos que en materia de formación de los/as educadores y educadoras del país. A estas orientaciones se agregan, en el último tiempo preocupantes transformaciones en el CFE, que no han contado con los mecanismos de participación indispensables, y que han redundado en un recorte de horas y contenidos, empobreciendo la calidad de la formación, tal como lo ha denunciado el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE). Muchas de estas decisiones han sido adoptadas de forma improvisada y poca rigurosa, tal como se puede inferir de que se han plasmado en documentos que contienen pasajes plagiados de materiales provenientes de otros países de la región. Esta situación se agrava cuando, en lugar de construir una Universidad de la Educación que genere el marco de integralidad de la enseñanza, la investigación y extensión para garantizar el carácter universitario de la formación en educación, se avanza en la propuesta plasmada en la LUC de otorgar a través de un trámite burocrático certificaciones de carácter individual y contenido vacío, dando ventajas comparativas a las instituciones privadas.
5. En el ámbito universitario, la decisión de suprimir, sin discusión ni argumentos, el cogobierno y la autonomía fáctica de la UTEC, profundiza el camino autoritario que define al conjunto de reformas educativas del gobierno. A esto se suma una política de hostilidad y congelamiento presupuestal de la Udelar, al mismo tiempo que la matrícula de dicha institución creció casi 20 puntos en 2021. Esto causará un deterioro en las condiciones de estudio y trabajo, afectará el desarrollo edilicio para atender el crecimiento de la matrícula en todo el país, y comprometerá el desarrollo de nuevas carreras, al tiempo que consolida una situación salarial muy negativa, que atenta contra la consolidación de equipos y alimenta la llamada “fugas de cerebros” hacia otros países. En lugar de fortalecer el sistema universitario de educación pública y articularlo de modo tal que pueda hacer frente a los desafíos del presente y el futuro, las políticas actuales lo achican, fragmentan, des-financian y le reducen en autonomía y capacidad de desarrollo de largo plaz
6. Ante la situación descrita párrafos arriba, manifestamos nuestra preocupación ante una política educativa que impactará negativamente en las trayectorias educativas y en el tránsito hacia la formación terciaria y universitaria, al tiempo que que también causará un deterioro en la calidad y el carácter público de la educación, profundizando las desigualdades ya existentes. Nos solidarizamos con los demás sindicatos y gremios que componen la CSEU en sus movilizaciones por enfrentar el ajuste presupuestal, el recorte de horas y grupos, la precarización laboral, la quita de espacios de participación, las reformas inconsultas y el uso de la laicidad para la persecución política. En el plano del sistema terciario y universitario, reivindicamos la necesaria autonomía y cogobierno de la UTEC, el carácter universitario de la formación en educación, y la necesidad de un sistema universitario público coordinado al que se integre una necesaria Universidad de la Educación. En diálogo con la sociedad, redoblaremos esfuerzos en la defensa de la educación pública, en su fortalecimiento y transformación, porque no nos da lo mismo.